1. Introducción ampliada El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela el 3 de enero de 2026 representa un giro extremo en una crisis que lleva más de dos décadas de acumulación de tensiones. La operación, descrita en detalle por medios como El País y El Mundo, incluyó bombardeos a bases militares estratégicas (Fuerte Tiuna, La Carlota, instalaciones en La Guaira y Maracay) y el despliegue de una fuerza de élite (Delta Force) para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en una residencia en Venezuela (https://elpais.com/america/2026-01-03/se-reportan-explosiones-en-distintos-puntos-de-caracas-en-medio-de-las-tensiones-con-estados-unidos.html, https://www.elmundo.es/internacional/2026/01/03/695927eee4d4d874458b459b.html). Maduro ha sido trasladado al buque militar USS Iwo Jima y posteriormente a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados a armas de guerra, de acuerdo con las autoridades estadounidenses. Donald Trump, desde su residencia de Mar-a-Lago, ha anunciado que EEUU asumirá la administración temporal de Venezuela hasta que se configure una transición que considere segura y adecuada, descartando tanto una entrega inmediata del poder a la oposición como la continuidad de las autoridades chavistas (https://www.abc.es/internacional/trump-anuncia-tomara-control-venezuela-descarta-entregarselo-20260103190805-nt.html). La narrativa oficial estadounidense enfatiza tanto la dimensión penal (juicio a un presunto narcoterrorista) como la estratégica (control y reconstrucción del sector petrolero venezolano), mientras en Caracas el gobierno chavista restante invoca la defensa de la soberanía y llama a la resistencia. Este contexto exige un análisis profundo que conecte el episodio militar con la larga historia de la relación Venezuela-EEUU, el marco de sanciones y petróleo, los actores internos y la arquitectura del derecho internacional, para poder mapear escenarios de futuro y sus riesgos. 2. Antecedentes de la relación Venezuela-EEUU 2.1. Relación previa a Chávez Durante buena parte del siglo XX y las primeras décadas de la democracia venezolana (desde 1958), la relación con Estados Unidos se basó en una combinación de afinidad política y fuerte interdependencia energética. Venezuela fue un proveedor central de crudo para EEUU, y empresas estadounidenses tuvieron una presencia significativa en el sector petrolero hasta la nacionalización de los años setenta. Aunque hubo tensiones puntuales, la relación fue básicamente pragmática: Caracas era un aliado relativamente confiable en un contexto de Guerra Fría, y Washington veía a Venezuela como un ejemplo de democracia representativa en la región. 2.2. Etapa Hugo Chávez Con la llegada de Chávez en 1999, se inaugura una era de confrontación ideológica y reorientación geopolítica. El discurso bolivariano, la alianza con Cuba, el intento de construir un eje alternativo (ALBA, Petrocaribe) y la retórica antiimperialista deterioran progresivamente los vínculos con Washington. El golpe de 2002 y la percepción de cierta simpatía o tolerancia de EEUU hacia sectores que participaron en el derrocamiento temporal de Chávez alimentan la desconfianza mutua. La política energética se convierte en herramienta geopolítica: Venezuela utiliza el petróleo para tejer lealtades regionales, mientras se reduce el espacio para empresas extranjeras y se profundiza la politización de PDVSA. 2.3. Maduro y la crisis prolongada Tras la muerte de Chávez en 2013, Maduro hereda un modelo económico dependiente del petróleo, con controles extensivos y creciente opacidad. La caída del precio del crudo, la mala gestión y la corrupción provocan un colapso económico y social, con hiperinf lación, escasez y un colapso de servicios básicos. La deriva autoritaria se profundiza con la neutralización de la Asamblea Nacional opositora, la creación de una Asamblea Constituyente paralela y la persecución de líderes opositores. El Council on Foreign Relations sintetiza este deterioro como una combinación de autoritarismo, mala gestión económica y crisis humanitaria, con un éxodo masivo de venezolanos hacia países vecinos y hacia Europa (https://www.cfr.org/backgrounder/venezuela-crisis). 2.4. Radicalización del conflicto con EEUU Estados Unidos empieza con sanciones individuales contra funcionarios acusados de corrupción y violaciones de derechos humanos y luego avanza hacia sanciones financieras y petroleras de mayor alcance. Desde 2017, las medidas incluyen la prohibición de nuevas emisiones de deuda soberana y de PDVSA, restricciones a transacciones con el sector petrolero y, posteriormente, la congelación de activos y cuentas. La Administración estadounidense reconoce en 2019 a Juan Guaidó como presidente interino, intensificando la confrontación con el gobierno de Maduro. Pese a esta presión, el régimen se mantiene gracias al control institucional, la lealtad de las Fuerzas Armadas, la represión interna y el apoyo de aliados externos (Rusia, China, Irán, Cuba), lo que genera un conflicto político enquistado. 2.5. Elecciones de 2024 y escalada hacia 2026 Las presidenciales de 2024 son denunciadas por la oposición y por numerosos actores internacionales como fraudulentas, consolidando la percepción de ilegitimidad del gobierno de Maduro. La UE y España reiteran que las elecciones no cumplieron estándares mínimos, manteniendo la línea de no reconocimiento del resultado. En 2025, se acumulan tensiones entre EEUU y Venezuela, con operaciones navales estadounidenses en el Caribe y acusaciones de cooperación venezolana con redes de narcotráfico y actores armados ilegales. En este clima, el ataque del 3 de enero de 2026 aparece como la culminación de una escalada en la que Washington decide pasar de la presión económica y diplomática a la acción militar directa. 3. Sanciones y petróleo: mecanismos, impactos y reconfiguración 3.1. Arquitectura de las sanciones estadounidenses Las sanciones contra Venezuela se estructuran como un programa amplio que combina: - Sanciones individuales a funcionarios y empresarios vinculados al régimen. - Sanciones financieras que limitan el acceso del Estado venezolano a mercados de capital. - Sanciones sectoriales, especialmente sobre PDVSA y el comercio de crudo. La página del Departamento del Tesoro de EEUU detalla las normas, licencias y excepciones del programa (https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/venezuela-related-sanctions). Estas sanciones pretenden cortar las fuentes de financiamiento del régimen y forzar concesiones políticas, pero también han tenido efectos colaterales sobre la economía y la población. 3.2. Impactos económicos y humanitarios La combinación de sanciones, mala gestión interna y caída de la producción petrolera ha llevado a una contracción del PIB, a la pérdida de ingresos fiscales y a una crisis de servicios públicos. Aunque el debate académico es intenso sobre cuánto se debe a las sanciones y cuánto a las políticas internas, el resultado práctico es un deterioro profundo del nivel de vida de la población. El colapso del sistema sanitario, la inseguridad alimentaria y la migración masiva han sido documentados por organismos internacionales y centros de estudio como el CFR (https://www.cfr.org/backgrounder/venezuela-crisis). 3.3. Petróleo: reservas, producción y mercado global Venezuela posee alrededor del 19% de las reservas probadas de petróleo del mundo, pero su producción ha caído desde niveles superiores a 2 millones de barriles diarios a cifras mucho menores en la última década. Pese a su bajo peso relativo en la producción actual de la OPEP, el país conserva un enorme potencial de largo plazo y un valor estratégico para cualquier actor que aspire a influir en el mercado energético. El ataque de EEUU genera incertidumbre en los mercados: aunque la producción venezolana no es hoy decisiva, cualquier interrupción de suministros, combinada con riesgos percibidos de escalada regional, puede impulsar los precios al alza (https://elpais.com/economia/2026-01-03/el-ataque-de-estados-unidos-a-venezuela-amenaza-con-provocar-una-nueva-subida-del-precio-del-petroleo.html). 3.4. Reconfiguración potencial tras la intervención Trump ha declarado su intención de que empresas estadounidenses lideren la reconstrucción de la industria petrolera venezolana, presentando la medida como una forma de devolver prosperidad al país y, a la vez, asegurar el abastecimiento energético de EEUU. Este planteamiento abre interrogantes sobre el grado de control que Washington buscará ejercer sobre contratos, licencias y marcos regulatorios en Venezuela. También plantea retos para otros actores con intereses en el sector, como compañías europeas o empresas de países que han apoyado al chavismo. 4. Actores internos: dinámicas de poder en Venezuela 4.1. Núcleo duro del chavismo El chavismo es una coalición heterogénea compuesta por cuadros civiles, élites militares, estructuras partidistas y redes económicas formales e informales. Tras la captura de Maduro, figuras como Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López se posicionan como referentes de continuidad. Su discurso combina la denuncia de la intervención como agresión imperialista con llamados a la unidad y a la defensa armada. La cohesión interna del chavismo dependerá de la percepción de riesgo personal de cada actor, de las garantías que reciban o no en eventuales negociaciones y de la reacción de la FANB. 4.2. Oposición democrática y sociedad civil La oposición venezolana ha atravesado ciclos de unidad, fragmentación y reconfiguración. María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025 según la crónica de El País, encarna una línea de oposición firme al chavismo, con fuerte apoyo en sectores urbanos, pero con resistencias en otros segmentos. Edmundo González y otros actores representan corrientes más institucionalistas o moderadas. La sociedad civil organizada (ONG, iglesias, gremios) ha sido clave para documentar abusos y sostener redes de apoyo humanitario. Tras la operación, la oposición enfrenta un dilema estratégico: aprovechar la salida de Maduro para exigir una transición democrática, sin quedar asociada a una intervención que muchos venezolanos y actores internacionales consideran jurídicamente problemática. 4.3. Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) La FANB es el árbitro central del poder en Venezuela. Ha sido beneficiaria de privilegios económicos (empresas propias, acceso a divisas, control de puertos y aduanas) y ha participado en la gestión de sectores estratégicos. Su lealtad al chavismo ha sido un pilar de estabilidad para el régimen, pero no es monolítica: coexisten mandos ideológicamente comprometidos con el proyecto bolivariano, oficiales pragmáticos y cuadros preocupados por su responsabilidad futura. Tras la captura de Maduro, la FANB puede: - Reafirmar la línea de resistencia y enfrentar militarmente cualquier presencia estadounidense prolongada. - Dividirse, con una facción buscando negociar garantías a cambio de facilitar una transición. - Replegarse a la defensa de intereses corporativos, permitiendo una administración externa de facto en ciertas áreas. El grado de unidad o división de la FANB definirá la intensidad del conflicto interno y la viabilidad de cualquier transición. 5. Derecho internacional: legalidad, legitimidad y precedentes 5.1. Marco normativo básico El derecho internacional prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, salvo en casos de legítima defensa o cuando el Consejo de Seguridad autoriza medidas coercitivas (artículo 2.4 y capítulo VII de la Carta de la ONU). La figura de la intervención humanitaria o de la responsabilidad de proteger ha sido objeto de debates intensos, pero en todo caso requiere criterios estrictos y, en la práctica, suele vincularse también a algún tipo de mandato multilateral. En el caso venezolano, no hay constancia de una resolución del Consejo de Seguridad que autorice el uso de la fuerza por parte de EEUU. 5.2. Argumentos de EEUU Washington justifica la operación sobre dos pilares: - La existencia de procesos judiciales y acusaciones formales de narcoterrorismo y delitos transnacionales contra Maduro, lo que habilitaría jurisdicción extraterritorial. - La ilegitimidad del gobierno de Maduro, acusado de fraude electoral y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Desde esta óptica, la detención sería la ejecución de órdenes judiciales contra un presunto criminal internacional que se amparaba en un poder de facto. 5.3. Argumentos críticos y posición europea Diversos gobiernos europeos y la UE han señalado que, aunque consideran a Maduro carente de legitimidad democrática, la operación militar estadounidense suscita graves dudas de legalidad. La alta representante de la UE, Kaja Kallas, y otros líderes comunitarios han insistido en que debe respetarse el derecho internacional y la Carta de la ONU, evitando un precedente que pueda ser imitado por potencias como Rusia o China en otros contextos (https://elpais.com/internacional/2026-01-03/la-ue-llama-al-respeto-del-derecho-internacional-en-venezuela-aunque-recuerda-que-maduro-carece-de-legitimidad.html). España ha declarado que no reconocerá una intervención que vulnere el derecho internacional, aunque mantiene la posición de no reconocimiento del régimen de Maduro y se ofrece a mediar para una transición pacífica (https://elpais.com/espana/2026-01-03/espana-hace-un-llamamiento-a-la-desescalada-en-venezuela-tras-el-ataque-de-ee-uu-y-se-ofrece-a-mediar.html). 5.4. Comparación histórica y riesgos de precedente El caso recuerda, en algunos aspectos, a la invasión de Panamá en 1989, cuando EEUU capturó al general Manuel Noriega, también acusado de narcotráfico. Sin embargo, el contexto actual es distinto: exista una arquitectura más desarrollada de normas internacionales, un mayor escrutinio global y un orden internacional ya tensionado por Ucrania y Taiwán. El riesgo es que otros Estados invoquen argumentos similares (combate al terrorismo, lucha contra el narcotráfico, protección de minorías) para justificar intervenciones unilaterales. Esto podría erosionar la vigencia práctica del principio de no intervención y debilitar aún más el sistema multilateral. 6. Escenarios de gobernabilidad, transición y riesgos internos 6.1. Escenario de continuidad chavista sin Maduro En este escenario, el núcleo duro del chavismo intenta mantener el poder, declarando ilegítima la captura de Maduro y presentando la lucha como una defensa de la soberanía. La FANB se mantiene mayoritariamente leal, y se combina una resistencia institucional con tácticas de guerra irregular. La presencia o tutela estadounidense se enfrenta a ataques, sabotajes y resistencia social organizada. Los riesgos incluyen una prolongación de la violencia, una internacionalización del conflicto (participación de aliados de Venezuela) y un mayor deterioro humanitario. 6.2. Escenario de transición pactada Un segundo escenario es una transición negociada en la que: - Sectores moderados del chavismo aceptan una salida parcial del poder a cambio de garantías personales y políticas. - La oposición participa en un gobierno de transición o consejo de Estado, con presencia limitada pero real en la administración. - EEUU, la UE, países latinoamericanos y posiblemente organismos como la ONU actúan como garantes. En este marco, se establecería un calendario de elecciones libres, reformas institucionales básicas (tribunal electoral, justicia, fuerzas de seguridad) y un plan económico de emergencia. Los desafíos son enormes: construir confianza entre actores que han sido enemigos por décadas, ofrecer garantías creíbles a militares y civiles del antiguo régimen y evitar que la población sienta que se le impone una solución desde fuera. 6.3. Escenario de fragmentación y conflicto interno El peor escenario combina: - División de la FANB en facciones rivales. - Surgimiento de milicias y grupos armados locales. - Intervención de actores criminales y guerrillas transnacionales en el control de territorios, rutas de narcotráfico y minas. En este caso, Venezuela se acercaría a un escenario de Estado fallido, con un alto coste humano, migraciones masivas adicionales y un riesgo de desbordamiento hacia Colombia, Brasil y el Caribe. 6.4. Factores que inclinan la balanza entre escenarios - Cohesión o fractura de la cúpula militar. - Capacidad de la oposición para presentar una propuesta inclusiva y creíble. - Diseño de incentivos y garantías (amnistías condicionadas, salidas seguras, integración en nuevas estructuras) para sectores chavistas. - Grado de unilateralidad o multilateralidad de la presencia internacional en el país. - Respuesta de actores externos (Rusia, China, Cuba, Irán) ante la pérdida de un aliado estratégico. 6.5. Riesgos de gobernabilidad y humanitarios Incluso en el mejor escenario de transición pactada, los riesgos son altos: desabastecimiento, violencia focalizada, disputas por el control de instituciones y corrupción. En escenarios de conflicto, la crisis humanitaria puede agravarse dramáticamente, con impacto en seguridad alimentaria, salud, educación y protección de grupos vulnerables. Las nuevas olas migratorias ejercerían presión adicional sobre países receptores como Colombia, Perú, Brasil, Chile y España. 7. Dimensión regional, económica y geopolítica 7.1. América Latina y el Caribe La región se encuentra dividida entre: - Gobiernos que condenan la intervención militar estadounidense como violación del derecho internacional y agresión imperialista. - Gobiernos que, sin avalar formalmente la operación, enfatizan la responsabilidad de Maduro en la crisis y ven su caída como oportunidad para la democratización. - Gobiernos que respaldan abiertamente la operación de Washington, considerándola una vía legítima para terminar con un régimen señalado por narcotráfico y autoritarismo. Esta fractura complica cualquier respuesta concertada de organismos regionales como la OEA o la CELAC. 7.2. Europa y el vínculo con otros conflictos En la UE, el discurso se centra en: - Defensa del derecho internacional y la Carta de la ONU. - Reconocimiento de la ilegitimidad de Maduro. - Llamados a una transición pacífica y a la moderación de todas las partes. Se subraya el temor a que la operación siente un precedente que Rusia o China puedan invocar en Ucrania o Taiwán, cuestionando la coherencia de las potencias occidentales en la defensa del orden basado en reglas (https://elpais.com/internacional/2026-01-03/la-ue-llama-al-respeto-del-derecho-internacional-en-venezuela-aunque-recuerda-que-maduro-carece-de-legitimidad.html). 7.3. Impacto energético global La intervención introduce un factor más de incertidumbre en un mercado petrolero que ya venía ajustándose tras la pandemia y la guerra en Ucrania. Un aumento de los precios del crudo afectaría a grandes importadores y podría alimentar presiones inflacionarias. Empresas con activos o deudas vinculadas a Venezuela, como la española Repsol, enfrentan riesgos financieros adicionales si se alteran los esquemas de pago en especie o se reestructuran contratos (https://elpais.com/economia/2026-01-03/el-ataque-de-estados-unidos-a-venezuela-amenaza-con-provocar-una-nueva-subida-del-precio-del-petroleo.html). 7.4. Reordenamiento de alianzas geopolíticas La caída de Maduro como aliado de Rusia, China e Irán puede reconfigurar equilibrios en el hemisferio occidental. Estos países pueden buscar formas de mantener influencia, apoyar a sectores leales o utilizar el caso para erosionar la legitimidad de EEUU. Al mismo tiempo, la forma en que Washington gestione la transición será observada como prueba de su capacidad para articular intervenciones que no deriven en ocupaciones prolongadas y conflictivas. 8. Recomendaciones y líneas de acción para actores clave 8.1. Para la oposición venezolana - Mantener un discurso centrado en la democracia, los derechos humanos y la reconstrucción nacional, evitando aparecer como apéndice de Washington. - Construir puentes con sectores chavistas no implicados en violaciones graves, ofreciendo inclusión en un futuro democrático. - Exigir garantías para elecciones libres y un papel real en cualquier administración de transición. 8.2. Para EEUU - Priorizar un enfoque multilateral, involucrando a la ONU, OEA, UE y países clave de la región en el diseño de la transición. - Limitar la duración y amplitud de la tutela directa, articulando un calendario claro de devolución de competencias a autoridades venezolanas. - Asegurar que cualquier reconfiguración del sector petrolero sea percibida como beneficiosa para la población venezolana, no solo para empresas estadounidenses. 8.3. Para la UE y España - Intensificar esfuerzos de mediación y ofertas de apoyo técnico para procesos electorales, reforma institucional y justicia transicional. - Mantener una posición firme en defensa del derecho internacional, evitando dobles raseros, al tiempo que se respalda una transición democrática real. - Prepararse para escenarios de migración adicional y para apoyar financieramente la reconstrucción venezolana. 8.4. Para la FANB y sectores chavistas moderados - Evaluar costos y beneficios de sostener una resistencia armada prolongada frente a la posibilidad de una transición negociada con garantías. - Exigir, como condición para cualquier acuerdo, mecanismos de justicia transicional que combinen verdad, reparación y, cuando proceda, amnistías condicionadas. 8.5. Para organismos multilaterales (ONU, OEA, sistemas regionales) - Promover el despliegue de misiones de observación, verificación de derechos humanos y, eventualmente, operaciones civiles de apoyo a la transición. - Explorar fórmulas innovadoras de administración compartida y supervisión internacional que minimicen percepciones de ocupación unilateral. 9. Conclusiones ampliadas La detención de Maduro por parte de EEUU es un hecho de enorme magnitud simbólica y política, pero no es el punto final de la crisis venezolana. Más bien, marca el inicio de una fase en la que se entrecruzan: - La oportunidad de una salida a un régimen autoritario que ha llevado al país a una crisis sin precedentes. - El riesgo de un conflicto interno ampliado, de un desgaste mayor del orden internacional basado en normas y de una instrumentalización geopolítica del caso por potencias rivales. El diseño y la ejecución del día después serán determinantes: la capacidad de articular una transición realmente venezolana, con apoyo internacional legítimo, será el factor decisivo para evitar que la operación se convierta en una nueva fuente de inestabilidad prolongada. La comunidad internacional se enfrenta a un dilema: cómo acompañar un proceso de democratización y reconstrucción en un país clave, sin legitimar ni reproducir lógicas de intervención unilateral que socaven el mismo orden jurídico que se pretende defender. La experiencia histórica, desde Panamá hasta intervenciones más recientes, sugiere que el éxito o fracaso de este tipo de acciones no depende solo de la capacidad militar, sino sobre todo de la calidad del proyecto político y jurídico que se ofrece a la sociedad afectada. En el caso venezolano, ese proyecto deberá equilibrar justicia y pragmatismo, soberanía y cooperación internacional, y la reconstrucción de un Estado funcional con la reparación de una sociedad profundamente dañada.